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La información es poder (Más poder para el pueblo) |
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El acceso a la información pública tiene rango constitucional, está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Titulo IV, Capitulo I, Sección Primera, Articulo No. 143, el cual dice, entre otras cosas, que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública…”. Aunque el legislador no ha hecho una Ley propia que regularice esta materia, la República tiene convenios firmados y ratificados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana contra la Corrupción, los cuales vienen a reforzar el articulo en mención.
Pareciera que los “gerentes” públicos, (gobernadores y alcaldes) no se pasean por el pasillo de la Institucionalidad Jurídica abriendo sus puertas al pueblo, los verdadero e irrenunciables accionistas de las ciudades y los recursos que manejan estos “gerentes”. En el sector privado, los gerentes están obligados a presentar cuentas de su gestión, debiendo publicar y dar a conocer a todos los accionistas de la compañía los estados financieros para su respectivo análisis. Eso mismo debería hacer todos los gobernantes, no por placer sino por obligación. Presentar su Informe de Gestión, no sólo a las autoridades legislativas y contraloras, sino también, a los verdaderos accionistas, al pueblo todo. Que sepamos que hizo tal gobernador o tal alcalde y poder calificar de manera objetiva su gestión de gobierno.
Para informar en masas existen medios tradicionales como; prensa escrita, radio y televisión. También los novedosos, como las Nuevas Tecnologías de la Información. Utilizar estas innovadoras herramientas le permite al gobernante cumplir con su deber constitucional de informar y de esta manera resulta segura, económica y accesible en todo momento.
Las ciudades son el espejo de las aspiraciones de sus propios conciudadanos y sabiendo que la información se traduce en conocimientos y los conocimientos se traducen en poder y el poder se traduce en materializar las aspiraciones, podemos decir en consecuencia que una gran ciudad está siempre a la altura de los grandes deseos de los ciudadanos. Mientras más informado de sus deberes y derechos esté un habitante, mientras más se involucre con su participación en la elaboración de leyes o construcción de alguna obra para su ciudad, más sentido de propiedad tendrá y por lo tanto mas dueño de ella será.
Son muchos los ejemplos que pudieran manejarse en esta nota, pero por razones de espacio, colocaremos en la palestra sólo uno, que le incumbe muy directamente al sector Empresarial del municipio Sucre, del estado Sucre, la cual es la “Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar”, aprobada en sesión de Cámara Extraordinaria el pasado 29 de diciembre del 2006, con el número 353. Como su nombre lo indica esta Ordenanza es la Ley municipal que obliga a los empresarios a pagar los impuestos por los ingresos brutos de nuestras empresas, donde, más que una obligación, es un compromiso civil dignamente asumido por el sector empresarial. El caso a tratar no es tal compromiso civil, sino la carencia de información que existe al respecto, donde los empresarios desconocen la Ley en cuestión, no por desinterés de obtenerla, sino por lo complejo de adquirirla. No es como cualquier Ley nacional que se consigue por doquier, ésta por lo contrario es casi inaccesible y un viacrucis para cualquier empresario empezar un proceso para solicitarla ante las autoridades municipales.
La Cámara de Industriales, Manufactureros y de Servicios del estado Sucre, CIMS, a través de su Presidente, Rosendo Acosta, solicitó verbalmente una copia de dicha Ordenanza, para poder conocerla a plenitud e iniciar el debate con conocimiento de causa en el seno de la Institución y en cualquier otro escenario donde sea necesario discutir el tema. La respuesta de la autoridad responsable de entregar la copia de la Ley es que debemos pasar por escrito la solicitud de petición de dicha Ordenanza, lo cual hicimos de manera institucional como representantes del sector empresarial. El Ayuntamiento cumplió con su obligación y entregó la copia de la Ordenanza. En honor a la verdad, fue algo fácil, ya que dentro del salón de sesiones de los ediles estábamos discutiendo con ellos nuestra propuesta de suspensión de dicha Ordenanza y que se colocara en vigencia la anterior hasta que se dilucidara los aspectos dudosos de la misma. Sin embargo, empresarios de la localidad han buscado los medios para obtenerla y le ha resultado imposible. Este proceso para solicitar una Ley que nos pertenece directamente lo consideramos como un método arcaico y jurídicamente prescrito en el tiempo y no consonó con los avanzados conceptos de nuestra Carta Magna. La misma Ordenanza, al final de su contenido, justamente antes de la firma del Alcalde, tiene una frase que se deja leer de la siguiente manera: “Publíquese y Ejecútese”. Frase que cumplen sólo la última palabra, más no la primera, por que cuando se trata de “Publíquese”, se refiere a que se debe hacer “Difundir por medio de la imprenta o de otro procedimiento cualquier escrito…”, según la Real Academia.
El Municipio a través de sus autoridades debe implementar mecanismos de publicación que permita a la ciudadanía obtener de manera sencilla las ordenanzas o cualquier otro material de orden público no clasificado, puesto que es un derecho de los ciudadanos y un deber de los servidores públicos. En aras de ofrecer soluciones, como es la vocación innata de nuestra Institución, y no acentuar los problemas ya existentes, la Cámara de Industriales, Manufactureros y de Servicios del estado Sucre, CIMS, le propone al municipio un proyecto tecnológico de última generación, que lleva por nombre “Gobierno Municipal en Línea”, que le permitirá a la gestión municipal ser mas eficientes. El Proyecto consiste, entre otras cosas, en la modernización del municipio Sucre, generando una nueva forma de relación entre el gobierno local y la ciudadanía a partir del incremento de la transparencia comenzando con la fiscalización directa de la gestión pública por parte de los ciudadanos; participación directa de los habitantes en foro de discusión de leyes, obras y otros proyectos; publicación de ordenanzas y cualquier otro tipo de documentos oficiales. Creando así un mayor flujo de comunicaciones entre el ayuntamiento y la sociedad, y especialmente la mejora de la calidad de los servicios que presta el gobierno local, a través del desarrollo de trámites en línea, que permitirá acelerar el tiempo de tramitación y resolución de asuntos, disminuyendo los tiempos y los costos de traslado de los ciudadanos.
Autor/Fuente: Rosendo C. Acosta - Presidente CIMS |
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